En Perú, el gobierno de Dina Boluarte promulgó el pasado 15 de diciembre una ley que habilita la expulsión de extranjeros que no se identifiquen ante las autoridades y que fue publicado en el diario oficial El Peruano. Con esto, el Ejecutivo del país vecino reforzará su control migratorio.
La normativa, en concreto, establece que los migrantes serán expulsados del país en 24 horas por «incumplir con la obligación de identificarse ante la autoridad competente». Además, la Ley 32.192, indica que «la obligación de identificarse es viable con la presentación de medios probatorios sucedáneos».
«La Policía Nacional del Perú, sin orden judicial, puede verificar la identidad de la persona extranjera a través de los medios de verificación habilitados, incluido el registro de información biométrica», indica el documento.
También, añade que «en caso de que la persona extranjera carezca de algún medio identificatorio válido, el efectivo de la Policía Nacional del Perú procede a tomar la declaración de identidad de la persona extranjera, la consigna en un acta y procede a la toma de la información biométrica. Dicha declaración de identidad tiene carácter constitutivo».
Así, la Superintendencia Nacional de Migraciones «incorpora la información biométrica de las personas extranjeras», no obstante, sostiene que «este procedimiento no implica la regularización de la situación migratoria de la persona extranjera».
Perú expulsa y Chile regulariza
A diferencia del país vecino, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric lleva adelante un proceso de «regulación acotada» de migrantes. Esto provocó que se registrara una caótica jornada el lunes en el barrio Meiggs, donde llegaron cerca de tres mil extranjeros.
Sobre este tema, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aclaró este martes en entrevista con CNN Chile Radio, que esto «no es un perdonazo ni es buenismo ni nada parecido. Es una cuestión estrictamente para el funcionamiento de la seguridad».
«El Ejecutivo ha señalado que hay dos motivos que están detrás de esto. Una razón de seguridad, que las personas, que los chilenos y chilenas sepan quiénes son sus vecinos, dónde están sus antecedentes. Y la segunda es el impacto macroeconómico que esto tiene, que es la otra característica», señaló la autoridad.
Además, explicó que «hay 182 mil personas susceptibles de postular, pero que ello no significa que las 182 mil estén en condiciones de ser regularizadas».
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